Para ello, ante la fase de consulta pública que tiene abierta en este momento la UE, la plataforma representativa de la discapacidad en España ha elaborado un documento de aportaciones, en el que destaca que los derechos de la infancia con discapacidad se encuentran apuntalados en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de la Discapacidad. Este último tratado ha sido ratificado por la propia UE, por lo que no solo vincula a los Estados miembro, sino también a las instituciones comunitarias.

 

Para el CERMI, una de las prioridades debe ser reforzar las medidas contra la violencia hacia la infancia con discapacidad, ya que, según las estimaciones existentes, sufren un riesgo tres veces mayor de experimentar violencia que sus compañeros sin discapacidad, tanto en el hogar como en otros entornos e instituciones. Para revertir esta situación, exige que todas las políticas destinadas a luchar contra esta lacra tengan la accesibilidad universal (física, sensorial, cognitiva y actitudinal) en el centro, haciendo que las campañas de sensibilización e información lleguen a toda la infancia y que los canales y servicios de denuncia sean también accesibles.

 

Otras propuestas son formar y concienciar a profesionales del entorno de los menores con discapacidad y a la propia infancia con discapacidad para reconocer situaciones de violencia; reforzar la lucha contra los abusos, y erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad en todos los Estados, práctica que sufren sobre todo mujeres y niñas.

 

En este sentido, el CERMI insta a garantizar el acceso a la justicia de la infancia con discapacidad, proporcionando los ajustes y apoyos necesarios y la accesibilidad de los procedimientos jurídicos. “Sin poder acceder de forma efectiva a la justicia, estos niños y niñas no tendrán la posibilidad de interponer denuncias por malos tratos ni de participar en procesos en los que se decida cómo y dónde van a vivir y a aprender. Asimismo, un acceso inadecuado a la justicia va a generar que muchos de estos niños vivan los propios procesos judiciales como una experiencia traumática, entendida en clave de exclusión y temor”, avisa la entidad.

 

Más allá de la justicia, demanda también que se garantice el “derecho a ser escuchados”, de forma que los menores con discapacidad puedan expresar su voluntad y opinión acerca de los temas que les afectan, para cumplir así con los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de la Discapacidad.

 

Para ello, pide aprobar una resolución europea sobre el derecho de la infancia a ser escuchada; financiar proyectos sobre empoderamiento de menores con discapacidad, y garantizar la accesibilidad de todas las vías establecidas para que los niños y niñas puedan expresarse.

 

 

En materia de nuevas tecnologías, el CERMI subraya que “la digitalización ya ha cambiado el mundo” y “la infancia no es una excepción”. De esta forma, defiende, en su documento de propuestas, que también “puede cambiar la situación de los niños y niñas que han quedado atrás, como es el caso de la discapacidad, al conectarlos a numerosas oportunidades y dotarlos de las actitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital”.

 

Precisamente, para evitar que la ‘brecha digital’ incremente la situación de exclusión de la infancia con discapacidad, el CERMI propone que la UE obligue por ley a que las nuevas tecnologías sean “accesibles, usables y asequibles”. Igualmente, pide reforzar la privacidad y la protección de los menores con discapacidad ante los diferentes modos de ciberacoso .

 

Por otro lado, el CERMI, que llama a la UE a impulsar políticas junto a los Estados miembro para avanzar hacia la garantía del derecho a la educación inclusiva, destaca también la necesidad de reforzar la atención temprana. En este punto, recuerda que la atención temprana es el conjunto de intervenciones que se realizan con menores de cero a seis años con discapacidad o riesgo de tenerla, aunque reclama que se fortalezca la atención existente en la actualidad entre los seis y los 15 años.

 

Con este objetivo, reclama que se reconozca la atención temprana como un derecho universal y gratuito en la UE, así como el derecho al desarrollo infantil, para los menores de 15 años con necesidades  de apoyo.

 

Para llevar adelante estas y otras medidas, la entidad hace un llamamiento a las instituciones comunitarias para que apuesten en todo momento por el diálogo con la sociedad civil de la discapacidad europea, para asegurar su eficacia y legitimidad a la hora de implantarlas. Asimismo, insiste en que todas estas medidas se construyan desde un enfoque de género que asegure la presencia y participación de las niñas con discapacidad.